Najwa Malha no fue ayer a clase. Por tercer día consecutivo no acudió con su hiyab (pañuelo islámico) al instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde sus amigas volvieron a protestar cubriéndose a ratos la cabeza.
Pero la polémica generada porque su centro no le permite ir a clase con velo creció mucho más allá de los muros de su instituto, que amanecieron cubiertos de pegatinas xenófobas.
Asociaciones y colectivos musulmanes planean llevar el caso a los tribunales y movilizarse por todo el país, con protestas como una caravana de mujeres.
El día en que en Francia se anunció la presentación de un proyecto de ley para legislación sobre el burka, en España se abrió tímidamente el debate sobre la posibilidad de legislar sobre el pañuelo islámico (hiyab).
Con la excepción de alguna concejal musulmana del PP, como Fátima Kaddur, de Ginés (Sevilla), en el principal partido de oposición tienen claro lo que se debe hacer. Hay que "respetar y respaldar" la libertad de los centros educativos para regular sus normas de convivencia, reiteró ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y todos la secundaron.
Si el Consejo Escolar instituto de Pozuelo acordó, el martes, no cambiar su reglamento interno y mantener la prohibición de acceso a clase de Najwa Malha, porque utiliza el hiyab, su decisión debe ser acatada por las autoridades educativas.
Frente a esta determinación el Gobierno y el PSOE titubean. De todos los socialistas que han intervenido en el debate la más ambigua fue, probablemente, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. Recalcó que no le gusta "ningún velo" pero abogó por la "tolerancia".
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